Nueva obligación laboral para empresas privadas en Ecuador

Desde agosto de 2025, las empresas privadas del Ecuador tienen una nueva obligación regulatoria: implementar y registrar un Protocolo Interno de Prevención y Erradicación de la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral, según lo establecido por el Ministerio del Trabajo en el Acuerdo Ministerial MDT-2025-102.

Esta normativa responde a una necesidad urgente de garantizar entornos laborales seguros y respetuosos, y representa un paso clave en el cumplimiento de los compromisos constitucionales, legales e internacionales del Ecuador en materia de derechos laborales y humanos.

Toda empresa regulada por el Código del Trabajo debe:

• Elaborar un protocolo interno que incluya medidas preventivas, canales de denuncia y planes de acción correctiva y de seguimiento.

• Implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales, especialmente si cuenta con más de 10 trabajadores.

• Registrar dicho protocolo en una plataforma digital del Ministerio del Trabajo.

• Adecuar su normativa interna y capacitar a directivos y personal sobre tolerancia cero a conductas discriminatorias o violentas.

El incumplimiento será causal de sanción administrativa, lo cual representa un riesgo operativo y reputacional para las empresas.

¿Cómo impacta a los contribuyentes y empleadores?

Esta normativa no solo es un requisito legal, sino también una oportunidad para fortalecer la gobernanza laboral interna, promover una cultura organizacional saludable y evitar futuras contingencias legales, especialmente en procesos de inspección laboral o denuncias ante el Ministerio.

Para muchas empresas, en especial PYMEs, elaborar e implementar correctamente estos protocolos puede representar un desafío por falta de conocimiento técnico o recursos legales internos.

El Acuerdo Ministerial Nro. MDT‑2025‑102 marca un hito en el fortalecimiento de los derechos laborales en Ecuador. Su correcta aplicación no es solo una obligación legal, sino una práctica de gobernanza ética y preventiva. Las empresas que se anticipan y cumplen con esta normativa no solo evitan sanciones, sino que construyen ambientes laborales seguros, equitativos y resilientes.

Fuente: Ministerio de Trabajo