La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 plantea transformar el esquema de incentivos tributarios del país, vinculando los beneficios concedidos a las empresas con resultados concretos, medibles y verificables. Este enfoque abre un nuevo escenario en el que la calidad de la información, los controles internos y la evidencia empresarial adquieren mayor importancia.

La iniciativa fue presentada en julio de 2026 por el Gobierno ecuatoriano y fue construida con acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su visión se sustenta en cuatro pilares: institucionalidad y seguridad jurídica, estabilidad fiscal, competitividad e inversión productiva, y fortalecimiento de la dolarización y profundización financiera. 

Incentivos vinculados al cumplimiento de metas

Uno de los planteamientos de la Agenda es revisar la forma en que Ecuador concede incentivos a las empresas. El objetivo es que determinados beneficios estén asociados al cumplimiento de compromisos relacionados con variables como inversión, generación de empleo, producción y crecimiento empresarial.

La ministra Sariha Moya ha señalado que se busca fortalecer el control de los resultados obtenidos mediante estos incentivos. Como ejemplo, explicó que una exención tributaria puede representar USD 5 millones que el Estado deja de recibir, sin que necesariamente se genere el empleo comprometido originalmente por una inversión. 

Este enfoque introduce una cuestión relevante para las organizaciones: si los beneficios están condicionados a resultados, las empresas necesitarán información capaz de demostrar que esos resultados efectivamente se alcanzaron.

USD 6.607 millones en beneficios e incentivos tributarios

La dimensión económica del tema es significativa.

De acuerdo con el Manual de Gasto Tributario 2024 del Servicio de Rentas Internas (SRI), el gasto tributario ecuatoriano alcanzó USD 6.607,35 millones, equivalente al 5,3 % del PIB y al 38,5 % de la recaudación neta de los impuestos administrados por el SRI. 

De ese monto:

  • USD 4.190,07 millones correspondieron al IVA.
  • USD 1.871,51 millones al Impuesto a la Renta.
  • USD 545,77 millones a otros impuestos.

El IVA representó el 63,4 % del gasto tributario total y el Impuesto a la Renta, el 28,3 %. 

Estas cifras muestran la relevancia económica de evaluar si los beneficios e incentivos concedidos cumplen efectivamente los objetivos para los cuales fueron establecidos.

Auditoría y verificación de resultados

Un esquema basado en metas medibles y verificables incrementa la importancia de mantener evidencia suficiente, información financiera confiable, controles internos y trazabilidad de las operaciones.

Desde la perspectiva de auditoría, esto puede implicar evaluar la consistencia entre la información financiera y los indicadores utilizados por una organización para demostrar inversión, crecimiento, generación de empleo u otros compromisos.

La auditoría aporta precisamente un componente fundamental en este escenario: confianza sobre la información utilizada para sustentar resultados empresariales.

Esto cobra especial relevancia cuando las decisiones económicas o tributarias dependen de información generada por las propias compañías.

Ecuador mantiene una presión tributaria del 21,7 % del PIB

El contexto tributario también refuerza la importancia del tema.

Según Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026, publicación elaborada conjuntamente por OCDE, CEPAL, CIAT y BID, los ingresos tributarios de Ecuador representaron el 21,7 % del PIB en 2024, exactamente el mismo porcentaje registrado como promedio de América Latina y el Caribe. 

El indicador ecuatoriano aumentó desde 21,2 % en 2023 hasta 21,7 % en 2024, mientras que el promedio de la OCDE alcanzó el 34,1 %. 

En este escenario, evaluar la eficiencia de los incentivos adquiere relevancia tanto para el Estado como para las empresas beneficiarias.

Información verificable como respaldo empresarial

La propuesta de la Agenda 2040 todavía constituye una hoja de ruta de política económica y no significa que actualmente exista una obligación general de contratar auditorías para demostrar el cumplimiento de estos incentivos.

Sin embargo, avanzar hacia beneficios condicionados a objetivos medibles puede aumentar la necesidad de que las organizaciones fortalezcan sus mecanismos de control, documentación y seguimiento.

Para las empresas, contar con procesos sólidos permite respaldar con mayor precisión sus inversiones, operaciones y resultados. Para los organismos de control y otras partes interesadas, disponer de información verificable contribuye a determinar si los compromisos asumidos efectivamente se cumplen.

En este contexto, la auditoría puede convertirse en un mecanismo relevante para fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la confianza sobre los resultados reportados por las organizaciones.

Fuente: El Universo